La piratería digital frustró 107.000 nuevos empleos culturales en España en 2023

Pese a una caída del 1% en los accesos, el valor de éstos ascendió un 5%, hasta rozar los 34.000 millones de euros, y hurtó a las arcas públicas 600 millones en impuestos

En el último lustro la piratería ha retrocedido cerca de un 11%, mientras el importe de lo pirateado ha crecido 7 puntos en dos años, según el Observatorio de La Coalición de Creadores

La piratería digital frustró en 2023 la creación en España de 107.410 empleos directos e indirectos en el sector cultural, con un perjuicio de 1.992 millones de euros para los creadores y cerca de 600 millones hurtados a las arcas públicas por la recaudación que dejaron de obtener por estas prácticas, según se desprende del Observatorio de piratería y hábitos de consumo de contenidos digitales relativos al pasado año y que ha elaborado la consultora GfK para La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos.

Aunque la actividad pirata ha experimentado una caída del uno por ciento en el último año año (11% en el último lustro), el valor de lo pirateado (5.079 millones de contenidos ilícitos) no ha dejado de crecer, concretamente un 5% del ejercicio pasado a éste y siete puntos en dos años, hasta los 33.957 millones de euros (en 2022 eran 33.056).

Los libros vuelven a ser un año más el bien cultural más pirateado, pues aglutina el 37% del total de accesos ilícitos, lo que además representa un 4% más que en 2022. Le siguen música (30%), periódicos (26%), imágenes (25%), películas y series (22%), revistas (22%) y videojuegos (15%).

El valor total de los contenidos a los que se ha accedido ha experimentado en 2023 una ligera subida, por el incremento en el coste de los mismos, aunque su número haya registrado un levísimo descenso. En total, asciende a 33.957 millones de euros (5% más que en 2022, cuando representaron 33.056 millones de euros). 

La música vuelve a ser la más castigada por estas prácticas, con 2.369 millones de accesos por un valor de 11.320 millones de euros. Los 308 millones de videojuegos tienen un valor de 9.117 millones de euros, mientras que llegan a 6.153 millones de euros los 550 millones de películas a las que se accedió sin permiso.

La piratería ha provocado, según este observatorio, un lucro cesante a las industrias culturales de 1.992 millones de euros (1.995 en 2022). Este daño se reparte entre música (628 millones de euros), periódicos y revistas (628), películas y series (330), libros (253), videojuegos (154) e imágenes (112).

Tras conocer estos datos, desde el sector reclaman el “apoyo firme” de los poderes públicos “para perfeccionar las medidas e instrumentos legales y plantear soluciones efectivas ante las cambiantes prácticas delictivas que le asolan”, han señalado durante la presentación del informe. La directora general de La Coalición, Carlota Navarrete, ha remarcado que pese al retroceso en la práctica de la piratería lograda con las medidas adoptadas en los últimos años, “el parasitario mercado ilegal ha sabido eludir las medidas actuales para seguir delinquiendo”, lo que se manifiesta en el “estancamiento” de las cifras.

“Es el momento de perfeccionar con urgencia y voluntad todos los instrumentos y dar cabida a soluciones más eficaces, a la altura de las necesidades actuales”, ha incidido Navarrete, para quien ésta es “la única solución para afrontar los desafíos y ofrecer respuestas a los retos inmediatos de la protección de la propiedad intelectual y la cultura”.

LOS CONSUMIDORES JUSTIFICAN EL ACCESO ILÍCITO

Los consumidores continúan, en su mayoría, justificando su acceso a contenidos ilícitos a partir de diversos argumentos. “Pirateo para evitar pagar por un contenido que luego, posiblemente, no me guste”, asegura un 61% de ellos; “el acceso a los contenidos ilícitos es rápido y sencillo” (52%) o “porque no pasa nada y lo hace todo el mundo” (38%), asegura La Coalición. Además, un 46% asegura no saber distinguir entre plataformas legales e ilegales.

Casi la mitad de los individuos relaciona la legalidad con la disponibilidad de los datos de contacto de la empresa. El 27% considera legal a aquellos que le piden registrarse o a los que han tenido que facilitar sus datos. El 26% estima que es legal si muestra métodos de pago conocidos con logos, y un 18% si se publicitan marcas reputadas.

Estos mismos usuarios, que acceden a contenidos ilícitos, reconocen, en un 65%, que los creadores y las industrias de contenidos culturales son un sector estratégico para la economía y el empleo de nuestro país y dinamizadores de otros sectores económicos (57%). También confirman que en nuestro país existe suficiente oferta legal (61%) y que, además, es fácil acceder a ella (63%).

Si bien son varios los métodos de acceso a webs ilegales, los buscadores (especialmente Google, que acapara el 92% de las búsquedas con este sistema) continúan siendo la fórmula más empleada por los consumidores, señala el Observatorio. Recurre un 55% de ellos, mientras que coincide en decantarse por redes sociales o mensajería y descarga directa un 27%. Además, se acude cada vez menos al streaming (24%) y las apps (23%).

Tras los buscadores, la mensajería instantánea y las redes sociales son las vías más usadas para acceder a portales que no respetan los derechos de propiedad intelectual, un 27%. Facebook (31%), que encabezaba las preferencias de los consumidores anteriormente, ha dejado su lugar a Telegram (37%) como opción preferida. Los siguen YouTube (28%), WhatsApp (24%), Instagram (23%) y X (18%).

En el caso de Telegram, la mitad de los internautas piratas la utiliza y, de ellos, el 40% pertenece a un grupo en el que tiene acceso a contenidos. Asimismo, uno de cada diez internautas pertenece a algún grupo de WhatsApp con acceso a contenidos. Los contenidos que más consumen son imágenes (8%), seguidos de películas (4%), series (3%), libros/revistas/periódicos (3%) y música (3%).

FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LOS PORTALES ILEGALES DE CONTENIDOS

El Observatorio señala, según han hecho público sus responsables, que el uso de los datos personales aportados por los internautas, la publicidad y el pago por el consumo de contenidos son las principales fuentes de financiación de los portales ilegales. Así, el 65% de los consumidores de contenidos gratuitos ha declarado que necesitó registrarse en los portales para acceder al contenido, mientras la mitad (52%) confiesa que aportó el email, el 20% respondió a un cuestionario y el 21% facilitó su número de teléfono. La publicidad es, sin lugar a dudas, la mayor fuente de financiación de los portales de contenidos ilícitos, pues está presente en 9 de cada 10 de ellos, según declaran los internautas.

En 2023 ha crecido el número de internautas (24%) que han accedido a portales ilícitos mediante el pago por el consumo de contenidos. Aunque los métodos de pago más habituales son la tarjeta bancaria (45%) y PayPal (43%), se detecta un aumento significativo de los usuarios que recurren a criptomonedas (13%). Incluso, Bizum es empleado por el 12%, subraya el Observatorio de La Coalición.

La mayoría de los internautas (76% frente al 80% de 2022) sigue considerando que el cierre/bloqueo del acceso a una página web de contenidos ilícitos o el hecho de que no se permita acceder a la misma es la medida coercitiva más eficaz. También se decantan por las sanciones a los proveedores de internet (69%), las multas a los usuarios (55%), la restricción del uso de Internet (53%) o las campañas de concienciación social (51%).

Como ya se reflejara en 2022, los principales factores que hacen de barrera a la piratería son el miedo de los internautas a ser estafados (85%), al robo de los datos de la tarjeta de crédito (82%), posibilidad de infección de los terminales con virus (81%), que se pueda hacer negocio con los datos personales aportados (74%) o que los beneficios de los portales se destinen a organizaciones delictivas (73%). La preocupación por el perjuicio a los trabajadores (48%) y los autores/creadores (46%) se sitúan entre las últimas razones, aunque se percibe “el despunte de una creciente sensibilidad”, sostiene el estudio.

REPERCUSIÓN EN EL EMPLEO Y EN LOS INGRESOS DE LAS ARCAS PÚBLICAS

Los accesos ilegales lastran poderosamente la creación de empleo en el sector cultural, que en 2023 se cifró en 723.000 personas (un 3,4% del empleo total en España). La piratería ha impedido el pasado año la generación de 17.902 puestos directos, que habría situado la ocupación total de estas industrias en 107.410 empleos directos e indirectos.

Aunque el incremento de los puestos actuales, teniendo en cuenta 2023 y 2022, ha sido de un 9%, sin el impacto de la piratería se alcanzaría casi un aumento del 12% en puestos de trabajo en esta industria, advierte La Coalición de Creadores e Industrias. Por lo que respecta a la Administración, las arcas públicas han dejado de percibir en 2023 un total de 600 millones de euros(551 en 2022), repartidos entre IVA (357), IRPF (55) y cotizaciones de la Seguridad Social (188). El perjuicio acumulado en los últimos 12 años por el consumo ilícito de contenidos asciende a 7.144 millones de euros.

También en 2023 se ha registrado un incremento del valor de los contenidos consumidos de forma ilegal, que ya acumula en estos dos ejercicios una subida de 7 puntos porcentuales. Así, si en 2022 la cantidad defraudada ascendía a 33.056 millones de euros (+2%), en 2023 llegó hasta los 33.957 millones de euros. El perjuicio para el conjunto de las industrias culturales se situó en los 1.992 millones de euros, frente a los 1.995 de 2022.

DESCENSO DE LA PIRATERÍA EN MÚSICA

Como ya ocurriera en 2022, se ha vuelto a registrar un descenso en el número de consumidores de música ilegal, que pasó del 32% al 30%, mientras el porcentaje de quienes consumen música de forma legal se mantiene estable. No obstante, la industria musical fue, debido al volumen consumido ilícitamente, la más perjudicada de todas, al ver incrementados hasta los 2.369 millones los contenidos musicales a los que se accedió de forma ilegal.

El presidente de Promusicae, Antonio Guisasola, cree que estos datos ponen de manifiesto que la piratería “no ha desaparecido” y “sigue siendo una importante lacra para el sector cultural”. “Se están perdiendo millones de euros y puestos de trabajo que van a manos de delincuentes que se aprovechan del trabajo creativo ajeno”, ha incidido Guisasola.

Por su parte, el sector de las películas ha experimentado una reducción del consumo digital, tanto legal como ilegal. El número de usuarios que accedió a filmes en formato digital y de forma legal pasa del 77% al 70%, mientras que el mercado ilegal encuentra a un 22% de internautas (24% en 2022). En total, se accedió ilícitamente a 550 millones de películas, lo que representa un 3% menos que en 2022, si bien el valor de lo defraudado subió un 1% hasta situarse en los 6.153 millones de euros.

Si en 2022 las series registraron un ligerísimo incremento del consumo legal, algo que ya había ocurrido en 2021 con respecto a 2020, la tendencia ha sucumbido en 2023 con una disminución del 76% al 70% de los consumidores de formato digital y legal y del 9% al 8% en el formato físico y legal. Al mismo tiempo ha coincidido con el incremento del consumo ilícito, pues los piratas de formato físico o digital se han situado en el 24% (20% en 2022). Estos comportamientos ilícitos han afectado a 952 millones de contenidos (-3%), con un valor de 1.761 millones de euros (+9% con respecto a 2022). El perjuicio para las industrias de películas y series contempladas de forma conjunta fue de 330 millones de euros.

La presidenta de Fedicine, Estela Artacho, reconoce que “existe mucha preocupación en el sector audiovisual” por estas prácticas, mientras que el director gerente de Egeda —asociación que representa a los productores—, Octavio Dapena,  advierte de que “el alto índice de piratería” está “llevando al límite a muchas empresas del sector audiovisual”.

LIBROS

Si bien el consumo de libros en todos los formatos se ha mantenido con respecto a 2022, el número de consumidores piratas en formato digital se ha ido hasta el 37% (35% en 2022), que ocasionaron un perjuicio económico de 217 millones (137 en el ámbito digital y 80 en el físico), después de haber accedido a 524 millones de contenidos, por un valor de 4.920 millones de euros (+1%). Los consumidores de libros que han accedido de forma legal, tanto en formato digital como físico, ha bajado del 43% al 41% (en 2022 ya descendió del 49% al 43% con respecto a 2021).

Sobre este particular, la presidenta de Cedro (el Centro Español de Derechos Reprográficos), Carme Riera, recalca que el acceso ilegal a los contenidos “sigue siendo una amenaza seria para la sostenibilidad del trabajo de autores y editores”. “Esta práctica no solo pone en riesgo la publicación de libros, periódicos y revistas, sino que también dificulta que los ciudadanos dispongan de una información y de unos contenidos veraces y de calidad”, ha abundado.

En cuanto al consumo de videojuegos, se ha mantenido estable en todo tipo de accesos con respecto a 2022, aunque el 19% en formato digital y el 26% físico acceden de modo legal y un 15% lo hace aún de forma ilícita, apunta el Observatorio. Los 308 millones de videojuegos ilícitos en 2023 tenían un valor de 9.117 millones de euros (+3%), con un lucro cesante de 154 millones de euros (37 en físico y 117 online).

El director general de la Asociación Española de Videojuegos (AEVI), José María Moreno, advierte de que en 2023 “no ha habido una mejoría” con este problema y combatirlo “mejoraría la economía del país y permitiría crear más empleo de calidad”.

El consumo lícito de periódicos en formato digital ha registrado un pequeño repunte del 4% al 5% de usuarios, mientras el ilícito ha bajado del 28% al 26%, una cifra que, no obstante, sigue siendo alta. En volumen de contenidos y en valor de lo defraudado se han registrados sendas bajadas: 231 millones de contenidos (-13%) que representan 347 millones de euros. También el consumo ilícito de revistas en formato digital es muy superior al legal (22% frente al 3%), unas cifras que La Coalición considera “preocupantes”, pues al descenso en el consumo legal ha correspondido un crecimiento de los usuarios piratas, de tal modo que “el mercado ilegal triplica al legal”. El número de revistas a las que se accedió ilegalmente fue de 145 millones (+28%), por un valor de 340 millones de euros (+28%). En total, las empresas editoras de periódicos y revistas tuvieron que hacer frente en 2023 a un lucro cesante de 628 millones de euros.

Por último, si en 2022 tres de cada diez internautas accedieron a este contenido de forma ilegal, en 2023 lo hizo uno de cada cuatro. Únicamente el 5% lo hizo de forma legal, como sucediera en 2022. Este comportamiento se concretó en 407 millones de contenidos, con un valor de mercado de 712 millones de euros y un perjuicio económico de 112 millones (en 2022 fue de 43). El director general de VEGAP, Javier Gutiérrez, ve en esta práctica “la frívola insolidaridad de la incultura y de la mediocridad”. “La piratería no es un problema sectorial, es un síntoma de la salud democrática de un país, de su seguridad jurídica, por lo que, proteger la propiedad intelectual es proteger la cultura”, ha concluido.